El 155 prácticamente paraliza la ley de la Renta Garantizada catalana

En este momento 27.000 personas están cobrando la Renta Garantizada pero hay 70.000 más que la han pedido, y esperan una respuesta. De estos, más de un millar de expedientes se han resuelto favorablemente, pero hasta el 15 de febrero no se pagará ni uno porque así lo ha ordenado el ministerio de Fátima Báñez, según han explicado a SER Catalunya fuentes de la Generalitat. Oficialmente, el ministerio de empleo no responde. Ni lo confirma ni lo desmiente.
Con esto el ministerio no incumple la Ley de la Renta Garantizada pero sí que hace que no reciban los 564 euros centenares de personas que en noviembre o el diciembre ya lo podían haber ingresado. La comisión promotora de la ley no quiere hacer ningún pronunciamiento en público, esperan que llegue el 15 de febrero que es el plazo máximo de la ley, pero crean que la administración de la Generalitat está aprovechando la situación del 155 para utilizar políticamente esta prestació.en cualquier caso, las últimas rentas las concedió la Consellera de Asuntos Sociales, Dolors Bassa, antes de ser destituida. La excepción son una veintena de refugiados que que han cobrado la Renta Garantizada en los últimos meses.
Fuentes de la Generalitat creen que Mariano Rajoy está usando la Renta Garantizada como una herramienta de presión porque en febrero el ejecutivo catalán no de abasto. Una situación que los funcionarios dicen que están intentando esquivar para tenerlo todo a punto cuando se forme el nuevo gobierno.
El otro efecto que ha tenido el 155 en la gestión de la Renta Garantizada es en la contratación de personal para tramitar más rápidamente las solicitudes. En diciembre, la consellería de Treball quería contratar una veintena de personas. Pero, un mes después, no han entrado ni la mitad, y lo atribuyen al 155. Oficialmente, la Generalitat lo desmiente.
La Generalitat no admite el colapso y el caos del sistema, del que lo acusan las ONG, pero sí que reconoce un cierto grado de saturación en algunas oficinas del Servei de Ocupación donde se está tramitando la Renta Garantizada. "Vamos mucho más tarde de lo que quisiéramos", reconocen fuentes de la Generalitat, y lo atribuyen a que no podían prever el alud de solicitudes de los primeros meses, que superaron las 300.000 peticiones de información. Dicen que muchas personas fueron "a probar" pero no cumplen los requisitos, por lo que intuyen que los porcentajes de denegación pueden rozar el 50%.
Ahora, el número de solicitudes se ha estabilizado pero algunas oficinas, como las de Terres del Ebre o Lleida, están dando hora para mayo o abril para hacer las primeras entrevistas. Aquí si que se roza la ilegalidad, porque la ley catalana estipula que los ciudadanos tienen que recibir una respuesta en cuatro meses. Mientras tanto, los funcionarios hacen horas extras y ya han renunciado a tener más personal hasta que desaparezca el 155.

Fuente: Ser Catalunya