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viernes, 19 de enero de 2018

El TSJ de Andalucía reconoce pensiones a enfermos de Fibromialgia

Numerosos afectados de fibromialgia se encuentran en la ineludible necesidad de solicitar una prestación de Incapacidad Permanente ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ya que les resulta imposible realizar cualquier actividad laboral ya sea por limitaciones físicas como por cognitivas.
Lamentablemente el INSS de forma general no reconoce el derecho a percibir pensión alguna a los afectados de fibromialgia y no queda alternativa que reclamar por vía judicial. Por esta razón es esencial recibir asesoramiento por un abogado con amplia experiencia en esta materia desde el inicio del procedimiento en vía administrativa para que le indique cuales son las pruebas y los informes médicos necesarios para que un juzgado reconozca la incapacidad permanente.
Las últimas sentencias publicadas en las que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía reconoce el derecho a percibir una pensión de Incapacidad son las siguientes:
La sentencia de 28/09/2017 de la Sala de Lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con Sede en Granada que ratifica la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social Juzgado de lo Social número Uno de los de Jaén de fecha 7-12-2016, en la que declara en situación de incapacidad Permanente en grado de Total a un enfermo que ostentaba la categoría profesional de ingeniera de procesos e industrialización.
La sentencia de La Sala de lo Social de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de fecha 11/10/17 por la que la Sala considera que la actora, afectada de fibromialgia con profesión habitual de camarera de pisos, se hallaba impedida para la realización de cualquier tipo de actividad laboral, y en consecuencia confirma la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 6 de Sevilla, de fecha 21 de diciembre de 2016 por la que declaraba a la afectada en situación de Incapacidad Permanente Absoluta.
La sentencia de La Sala de lo Social de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de fecha dieciocho de octubre de dos mil diecisiete en la que revoca la sentencia dictada el 12/04/17 por el Juzgado de lo Social nº 8 de los de Sevilla declarando en situación de Incapacidad Permanente Total para su profesión habitual de peluquero a un afectado de fibromialgia entre otras patologías.
La sentencia dictada el 25/10/17 por la Sala de lo Social de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla revoca la sentencia dictada el 24.4.2017 por el Juzgado de lo Social nº 10 de los de Sevilla que le reconocían una Incapacidad Permanente Total y se le concede la Incapacidad Permanente Absoluta a una trabajadora afectada de fibromialgia que tenía como profesión habitual la de obrera agrícola.
La sentencia La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada de fecha 28/09/17 en la que una enferma de fibromialgia, enfermera de profesión, se le reconoció a través del INSS una Incapacidad Permanente Total para la profesión habitual. No estando conforme, pues las dolencias y afectaciones eran propias de una Incapacitación Absoluta, presentó demanda pero el Juzgado de lo Social núm. 3 de Granada DE GR, en fecha 27 de diciembre de 2016 desestimó dicha En este caso el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía revoca la sentencia recurrida y declara a la afectada, en Incapacidad Permanente Absoluta, consiguiendo el derecho a percibir la prestación correspondiente al 100% de su base reguladora, ya que entiende que con el conjunto de dolencias que demuestra, difícilmente puede desempeñar con un mínimo de rendimiento cualquier tipo de actividad laboral, incluidas las sedentarias o livianas, por lo tanto se entiende que la misma se encuentra en incapacidad permanente Absoluta. 
Este es un ejemplo que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía reconoce incapacidades permanentes a enfermos de fibromialgia, si bien es determinante tener tanto pruebas e informes médicos que respalden una evidente falta de capacidad para trabajar, como un asesoramiento experto y especializado del abogado y peritos que actúen dichos procedimientos.

jueves, 18 de enero de 2018

Es injustificable la pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas. La subida del 0,25% es una mierda

Nuestro secretario general Pepe Álvarez, que ha sido hoy entrevistado en el programa de RNE "Las Mañanas", ha manifestado que el Gobierno “está pasando un mal momento porque es injustificable que un país que crece, en el que hay unos cuantos con muy buena situación económica y en el que los multinacionales obtienen cuantiosos beneficios, los pensionistas solo tengan una subida del 0,25%, lo que les condena un año más a perder poder adquisitivo” y ha dicho que en este contexto la medida anunciada por el Gobierno sobre el cálculo de la pensión puede pretender hacer ruido para desviar la atención sobre este tema.
Álvarez ha criticado además la forma en que la ministra de Empleo ha anunciado esta propuesta, primero porque debería haberse presentado por escrito para su discusión, en el marco del diálogo social y en el Pacto de Toledo y segundo porque puede crear falsas expectativas pues tiene que concretarse y hay un tiempo hasta que se pueda poner en marcha. 
En este sentido, ha dicho “quiero vivir en un país serio, con propuestas serias. Y en un país serio no se anuncia primero y luego se da desde el Partido del Gobierno más de una interpretación sobre la medida, sino que se lleva a la mesa donde están los representantes con los que el Ejecutivo tiene que negociar por ley, porque así lo dice la Constitución, y con ellos se debate y en ese debate se podrá confrontar y ver si esa es una medida que beneficia o no a los trabajadores”.
Ha recordado que UGT planteó ya en 2011 que los trabajadores con una larga carrera de cotización puedan elegir los 25 años que les convengan para el cálculo de su pensión, pero que es necesario que el Gobierno concrete esta medida y no haga trampa porque algunos de miembros del PP han empezado a decir en el Pacto de Toledo que en realidad de lo que hablan es de que se tenga en cuenta toda la vida laboral, “algo con lo que no estamos de acuerdo” porque perjudicaría a la inmensa mayoría de los trabajadores. 
Para Álvarez la solución, además, va más allá porque muchos trabajadores mayores han sido “estafados” y expulsados del mercado de trabajo con la reforma laboral del Gobierno y ha dicho que es necesario reforzar la protección por desempleo y establecer un plan de choque que permita a estos trabajadores tener un puente hacia la jubilación, tal y como lleva proponiendo UGT, desde hace más de un año. 
Tras esta entrevista Pepe Álvarez ha intervenido, en el mismo sentido, en el programa de La Sexta “Al Rojo Vivo”

martes, 16 de enero de 2018

El 155 prácticamente paraliza la ley de la Renta Garantizada catalana

En este momento 27.000 personas están cobrando la Renta Garantizada pero hay 70.000 más que la han pedido, y esperan una respuesta. De estos, más de un millar de expedientes se han resuelto favorablemente, pero hasta el 15 de febrero no se pagará ni uno porque así lo ha ordenado el ministerio de Fátima Báñez, según han explicado a SER Catalunya fuentes de la Generalitat. Oficialmente, el ministerio de empleo no responde. Ni lo confirma ni lo desmiente.
Con esto el ministerio no incumple la Ley de la Renta Garantizada pero sí que hace que no reciban los 564 euros centenares de personas que en noviembre o el diciembre ya lo podían haber ingresado. La comisión promotora de la ley no quiere hacer ningún pronunciamiento en público, esperan que llegue el 15 de febrero que es el plazo máximo de la ley, pero crean que la administración de la Generalitat está aprovechando la situación del 155 para utilizar políticamente esta prestació.en cualquier caso, las últimas rentas las concedió la Consellera de Asuntos Sociales, Dolors Bassa, antes de ser destituida. La excepción son una veintena de refugiados que que han cobrado la Renta Garantizada en los últimos meses.
Fuentes de la Generalitat creen que Mariano Rajoy está usando la Renta Garantizada como una herramienta de presión porque en febrero el ejecutivo catalán no de abasto. Una situación que los funcionarios dicen que están intentando esquivar para tenerlo todo a punto cuando se forme el nuevo gobierno.
El otro efecto que ha tenido el 155 en la gestión de la Renta Garantizada es en la contratación de personal para tramitar más rápidamente las solicitudes. En diciembre, la consellería de Treball quería contratar una veintena de personas. Pero, un mes después, no han entrado ni la mitad, y lo atribuyen al 155. Oficialmente, la Generalitat lo desmiente.
La Generalitat no admite el colapso y el caos del sistema, del que lo acusan las ONG, pero sí que reconoce un cierto grado de saturación en algunas oficinas del Servei de Ocupación donde se está tramitando la Renta Garantizada. "Vamos mucho más tarde de lo que quisiéramos", reconocen fuentes de la Generalitat, y lo atribuyen a que no podían prever el alud de solicitudes de los primeros meses, que superaron las 300.000 peticiones de información. Dicen que muchas personas fueron "a probar" pero no cumplen los requisitos, por lo que intuyen que los porcentajes de denegación pueden rozar el 50%.
Ahora, el número de solicitudes se ha estabilizado pero algunas oficinas, como las de Terres del Ebre o Lleida, están dando hora para mayo o abril para hacer las primeras entrevistas. Aquí si que se roza la ilegalidad, porque la ley catalana estipula que los ciudadanos tienen que recibir una respuesta en cuatro meses. Mientras tanto, los funcionarios hacen horas extras y ya han renunciado a tener más personal hasta que desaparezca el 155.

Fuente: Ser Catalunya

lunes, 15 de enero de 2018

Nulidad en el despido de un trabajador tras pedir cobrar las horas extras

"Clica" aquí para acceder a la sentencia
El juzgado de lo Social de Sevilla ha fallado a favor de un trabajador al que su empresa despidió después de que les pidiera cobrar las horas extra que había realizado.
El fallo, de finales de diciembre pasado, ha inaugurado 2018 como la primera sentencia importante del nuevo año en materia de despido nulo.
El trabajador, cuya causa ha llevado el bufete de abogados Juristas Laboralistas, deberá ser readmitido de forma inmediata en su puesto de trabajo y, la empresa, obligada a abonarle los salarios de tramitación, las pagas extras, y las consiguientes cotizaciones por estos conceptos.
El trabajador denunció a la empresa, primero por vía administrativa y luego por vía judicial, porque no le estaba abonando más de 12 horas extras semanales. En el acto de conciliación, la empresa procedió al despido del trabajador, un despido que el juez ha declarado nulo.
En su auto, el magistrado considera que el despido tiene su origen en la demanda interpuesta contra la empresa, calificando la acción como una “represalia” contra el trabajador. “El principio de indemnidad conlleva que cualquier represalia llevada a cabo por la empresa frente a las acciones del trabajador para la defensa de sus intereses es discriminatoria y vulnera derechos fundamentales. Y por ello el despido nulo”, señala su defensa.
El despido nulo conlleva que la empresa deberá readmitir al trabajador en las mismas condiciones que ostentaba antes del mismo. Además, la empresa deberá abonarle los salarios de tramitación que ascienden a más de 19.000 euros, y el abono de la totalidad de las horas extras impagadas, unos 7.000 euros. También tendrá que cotizar a la Seguridad Social por estos conceptos.
Por último -añade el bufete-, “la normativa procesal laboral, establece que en lo que respecta a probar la realización de horas extras, la carga de la prueba la ostenta el trabajador”. Por ello, una vez probado en el acto de juicio oral las horas efectivamente trabajadas, excedentes de las de la jornada completa, se consiguió dicha condena económica.

Fuente: nuevatribuna.es y juristas-laboralistas.es

domingo, 14 de enero de 2018

UGT valora que la justicia europea reconozca la vulneración de derechos que supone grabar con cámara oculta

La Unión General de Trabajadores valora el pronunciamiento del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) sobre el caso "López Ribalda y otros contra España", donde se condena a nuestro país a indemnizar a cinco cajeras de un supermercado porque fueron grabadas con cámaras de vigilancia ocultas mientras robaban.
La Corte de Estrasburgo avala sus despidos, sentenciando que el procedimiento judicial fue justo, pero considera que la parte empleadora vulneró la protección del derecho a la intimidad y privacidad en el ámbito laboral de las empleadas al no comunicar la implantación de estas cámaras de vigilancia.
El Tribunal no se prohíben las intervenciones de la empleadora, pero se sujetan a un test de actuación en el que la comunicación de su puesta en marcha, la determinación de la finalidad a que obedece, los usos y consecuencias que pueden derivarse de la misma, así como las condiciones de su ejercicio marcan un límite infranqueable a una eventual actuación de la patronal que limitase el derecho fundamental de los trabajadores.
Esta sentencia, que tiene como precedente el "asunto Barbulescu", señala que la empresa no se sometió a las exigencias de la Ley Orgánica de Protección de Datos al no informar a los trabajadores de la instalación de estas cámaras. Además, las grabaciones tuvieron un carácter indiscriminado, abarcando la totalidad de la jornada y prolongándose en el tiempo durante semanas. 
Por ello, el TEDH califica de ilegítima esta acción de la empresa y obliga a indemnizar a las trabajadoras, a pesar de que considera justa la procedencia del despido que apreciaron los jueces de nuestro país, ya que concurrieron elementos de prueba suficientes que justificaron el mismo.

sábado, 13 de enero de 2018

Entra en vigor PSD2 (directiva europea sobre servicios de pago)

Este sábado entra en vigor la nueva directiva europea sobre servicios de pago, más conocida como PSD2, una regulación que promete transformar la banca minorista europea al dar acceso a terceros a las hasta ahora infranqueables infraestructuras de los bancos. Pero, ¿cómo afectará en realidad a los clientes? Algunos ya comparan PSD2 con la irrupción de los cajeros automáticos hace medio siglo, pero los cambios tardarán años en dejarse notar.
La nueva directiva ha contado con una fuerte resistencia del sector bancario, muy reticente a abrir a terceros actores las ingentes bases de datos que manejaban hasta ahora en exclusiva, aunque siempre con la autorización de los clientes. Junto a la entrada en el sector de las pujantes Fintech, gigantes de Internet como Amazon, Google o Facebook podrían convertirse en las principales amenazas para la banca
Aunque las empresas que obtengan las nuevas licencias no estarán autorizadas a captar depósitos ni a otorgar préstamos, los usuarios podrán pasar por alto a los bancos, realizando transacciones online sin tener que utilizar sus tarjetas de crédito o débito.
Aunque los cambios son múltiples y tienen numerosas implicaciones, lo que más ruido está generando es todo lo que tiene que ver con la apertura de los servicios de pago de los bancos a terceras empresas, los denominados TPPS, por sus siglas en inglés Third Party Payment Service Providers.
Hasta ahora, los TPPS tenían serias limitaciones para acceder a los servicios de pago tradicionales de los bancos. Con PSD2, se eliminan la mayor parte de estas barreras, lo que servirá para introducir nuevos actores en el mercado, intensificando al mismo tiempo la seguridad en torno a los pagos en línea.
Con PSD2 se podrá autorizar simplemente al comercio donde se está realizando la compra para que autorice pagos en nuestro nombre a través de una cuenta bancaria. Para ello, comercio y banco podrán comunicarse a través de una API (interfaz de programación de aplicaciones) sin necesidad de recurrir a intermediarios como Visa o Mastercard que, hasta ahora, eran quienes cargaban el importe de la compra en la cuenta corriente del consumidor.
Atrás pueden quedar las comisiones que los consumidores tienen que aguantar por usar tarjetas de crédito en línea y en tiendas.
La Directiva obliga a todos los estados miembros a transponer esta normativa a su legislación nacional antes del 13 de enero de 2018. Sin embargo, algunas reglas relacionadas con la autenticación de los usuarios y la seguridad en las comunicaciones no entrarán en vigor hasta septiembre de 2018, y la implementación de las mismas no podrá extenderse más allá del primer o segundo trimestre de 2019.